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ARGENTINA: LA OTRA CARA DEL MILAGRO
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Argentina: la otra cara del milagro
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Argentina: la otra cara del milagro
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Cuando los medios financieros internacionales elogian la aplicación de los planes de ajuste en determinados países, no cabe ninguna duda de que el grado de sobreexplotación y estrujamiento de la clase obrera avanza y da sus frutos. Es así como se realizan los milagros económicos en la sociedad capitalista, en la que los panes y los peces se multiplican, es cierto, pero también lo es que la muchedumbre no sólo no queda ahíta, sino que ni siquiera puede acercarse a contemplar el fruto de la portentosa multiplicación.

Que el plan de ajuste impuesto por el capital financiero internacional y aplicado por el gobierno burgués de turno (en este caso el presidido por el vulgar demagogo Menem), está dando sus frutos en Argentina es evidente. Sirve como prueba irrefutable la repetición cada vez más frecuente e inquietante para la burguesía, de estallidos sociales y protestas obreras que en mayor o menor intensidad están a la orden del día en la república sudamericana.

La división internacional del trabajo ha relegado a la industria argentina, que tuvo un desarrollo considerable tras la segunda guerra mundial, a unos sectores específicos (automóvil, electrodomésticos) que se ubican predominantemente en determinadas zonas del país.

La única salida para los trabajadores de las zonas marginadas por los imperativos del dios-mercado era la de conseguir un empleo público o emigrar. Por eso, Argentina, una nación tradicionalmente receptora de trabajadores extranjeros, se está convirtiendo en generadora de emigrantes. Primero, con las dictaduras militares, emigrantes fundamentalmente políticos, y ahora, nuevamente restaurada la democracia, políticos y económicos a la vez. Las paradójicas pero implacables leyes del determinismo económico que rigen el capitalismo han hecho que muchas de aquellas miradas que se dirigían esperanzadas hacia el otro lado del Atlántico provenientes de una Europa semidestruida y hambrienta, se vuelvan hoy hacia ella con la misma idea fija de hace decenios: sobrevivir.

La economía argentina, como sucede en la mayoría (por no decir todas) de las economías latinoamericanas, y sobre todo su estructura financiera se está mostrando extremadamente frágil ante las bruscas oscilaciones y sacudidas que acompañan al capitalismo desde su nacimiento... y hasta su muerte.

La pasada crisis mejicana y el « efecto Tequila» generado sobre las monedas del subcontinente, han provocado una fuga masiva de capitales. En Argentina se calcula que entre diciembre de 1994 y mayo de 1995 se han esfumado 8.000 millones de pesos-dólares (desde la puesta en marcha del «plan de convertibilidad» (1 peso = 1 dólar). Por lo tanto gran parte de los apetitosos señuelos ofrecidos por el gobierno peronista de Menem, tales como los altos tipos de interés, exenciones fiscales, precios de saldo en la venta de empresas estatales...) han mostrado su sólida base al primer estornudo monetario. Las grandes sumas de dinero que habían acudido al olor del negocio fácil y de la rentabilidad a corto plazo, han abandonado la tierra del milagro con la misma rapidez con la que acudieron.

Para evitar la bancarrota total el «plan de ajuste» (que para los proletarios de todos los países es siempre permanente) se está aplicando rigurosamente «respetando la disciplina fiscal y monetaria», como señalaba el periódico argentino Clarín (4-agosto-1995) citando a uno de los portavoces del imperialismo financiero inglés Financial Times.

Este respeto escrupuloso se traduce evidentemente en el empeoramiento brutal y ya generalizado de las condiciones de vida de la clase obrera. Los criterios de rentabilidad aplicados también a los servicios públicos (fenómeno internacional donde los haya) han hecho que la calidad de la sanidad, de la educación o del transporte caigan hasta unos niveles que nunca se habían conocido en Argentina.

Las tasas de desempleo están alcanzando cifras históricas en este país, pese a las consabidas manipulaciones estadísticas. Según el censo económico (Clarín, 15-julio-1995) en Argentina han desaparecido 20.000 pequeñas y medianas empresas desde 1989, y la tasa de desempleo (agrupando a los parados y a los que sobreviven gracias al empleo irregular y las chapuzas) alcanza a 3 600 000 personas, casi un 30% de la fuerza laboral, la mitad de ellos en Buenos Aires y su zona de influencia, según datos del mes de agosto. En materia de despidos esas mismas fuentes informan que al menos 600 000 trabajadores han perdido su empleo desde octubre de 1994 hasta mayo de 1995.

Las condiciones en las que sobreviven estos trabajadores sin empleo no pueden ser más brutales, en un país donde sólo cobran el subsidio de desempleo unas 110 000 personas (este subsidio alcanza la exorbitante cantidad de 150-300pesos, con unos precios similares a los de España). No obstante ya están en marcha unas brillantes operaciones de cosmética demagógica, según las cuales se va a «ampliar la cobertura por desempleo» hasta alcanzar 400 000 personas. El método para conseguirlo no ha debido originar demasiados quebraderos de cabeza a sus creadores: se rebajarán esos desmesurados 150-300 pesos para que la miseria se distribuya uniforme y democráticamente.

La situación de los que aún conservan su puesto de trabajo no es mucho mejor. A la congelación-reducción de salarios sumemos el retraso en los pagos debido a la falta de liquidez, por lo que todos los ingredientes para el estallido social están servidos.

La última explosión obrera de importancia tuvo lugar el pasado mes de junio en la provincia de Córdoba. Es esta una provincia donde una gran parte de la fuerza de trabajo está empleada en el sector público, y los trabaja- dores, junto a los pensionistas, después de dos meses sin cobrar ni un peso, y arrastrando retrasos en pagos anteriores desde hacía seis meses, decidieron salir a la calle y expresar su protesta.

El gobierno provincial del radical Angeloz algo tuvo que olfatear (policía, sindicatos del régimen e iglesias están entre otras para eso), y muy previsor el ordenó pagar a ciertos funcionarios, precisamente esos que son los más necesarios en periodos de turbulencias. Así, los 12.000 policías de la provincia recibieron puntualmente sus salarios para cumplir de esta forma con estimulo y eficacia su sagrada misión.

Llegó el día 22 de junio y la legalista Coordinadora de Gremios Estatales convocó manifestaciones como medida de protesta contra el Proyecto de Emergencia Económica, que en sustancia equivalía a reducir aún más el sueldo de los empleados públicos y pensionistas (la así llamada, no sin cierto sarcasmo «contribución de emergencia») y pagar los sueldos atrasados con unos bonos que servirían para efectuar algunos pagos.

Los disturbios, muy violentos, se llevaron por delante la sede del Partido Radical en Córdoba, que resultó arrasada. Hubo por lo menos 2.000 detenidos y heridos durante las algaradas de los días 22 y 23, y en ellas participaron además de los empleados públicos, trabajadores de otras empresas y sectores en crisis, así como estudiantes y jóvenes desempleados y de los barrios.

Los trabajadores del sector privado en Córdoba están sufriendo una fuerte oleada de despidos y suspensiones de empleo. Así, en CIADEA (Renault), lleva en suspensión de empleo el 25% de la plantilla y medidas similares se esperan en General Motors y en IVECO.

En el metal unos 4.000 trabajadores están en suspensión de empleo o sufren rebajas salariales. Para el mes de julio estaban previstos 1.000 despidos al hacerse cargo Lockheed de la empresa Area Material.

Las obras públicas, ese sector que tradicionalmente constituye una relativa fuente de absorción de parte del desempleo, ante la falta de liquidez ha sufrido un parón considerable, que se va a traducir en la pérdida de 5.000 puestos de trabajo. Las cifras oficiales ofrecidas por el Ministerio de Trabajo respecto a la provincia de Córdoba hasta mediados de 1995, hablan de 930 despidos (un 78% más que en el mismo periodo de 1994) y 15.893 suspensiones (un 705% más que en el mismo periodo del año pasado). Según el ministro Cavallo, Córdoba ha acumulado un déficit de 800 millones de pesos en los últimos 4 años, ya que desde el comienzo del plan de convertibilidad la provincia de Córdoba recurrió principalmente al crédito bancario para poder efectuar sus pagos. Tras la crisis mejicana los bancos dejan de otorgarle créditos y los empleados públicos y los pensionistas se quedan sin cobrar.

Evidentemente el hecho de que la provincia esté gobernada por un radical, y el gobierno de la nación esté en manos peronistas, ha servido para ofrecer argumentos de descargo a la hora de buscar responsables. Pero por encima de la banda de delincuentes que gobierne, la condición obrera no puede sino empeorar a menos que los proletarios, rompiendo con los sindicatos del régimen burgués, se organicen para hacer frente a los feroces ataques de la patronal, el gobierno y la usura mundial.

Ante la falta de esa organización autónoma de clase, la ira proletaria se desborda en episodios fugaces, por lo demás siempre saludables, como los de Córdoba.

La intensidad y la ferocidad alcanzada en los disturbios y en la consiguiente represión capitalista, es un fiel reflejo del grado de miseria y desesperación alcanzado por los trabajadores, que cada vez tienen menos que perder.

El papel de los sindicatos del régimen en Argentina es el mismo que cumplen sus compadres en todo el mundo. Intentar aislar y dividir a los trabajadores saboteando cualquier iniciativa de acción que rompa los moldes establecidos para preservar la paz social.

Tras los disturbios de Córdoba, iglesia y sindicatos se apresuraron a condenar la violencia obrera, y en previsión de nuevos incidentes violentos los bonzos tomaron la iniciativa ante la desorganización obrera. En primer lugar desconvocaron las acciones en la calle, posición que por lo visto fue duramente respondida en las asambleas, pero sin mayores consecuencias que las que trascienden de la acción de protesta puramente verbal. Así, con el aviso de la llegada de un inminente crédito concedido por una entidad bancaria americana, y la toma de la ciudad de Córdoba por los esbirros de la burguesía pudo conseguirse una relativa tregua. Pero el día 3 de julio el ansiado crédito de 150 millones del banco neoyorquino se canceló, y un informe del Bankers Trusts recomendaba el saneamiento de las finanzas provinciales, ¡cómo no!, recortando el gasto salarial en empleados públicos (13.300 millones en 1994) y privatizando bancos y empresas eléctricas.

Esta noticia cayó como un jarro de agua fría entre los bonzos sindicales que, aterrorizados ante la idea de nuevos desbordamientos en la calle, intentaron sin conseguirlo:
«
diferir la protesta para el viernes a la espera de una definición en las gestiones que realiza el gobierno provincial en EEUU, en procura de fondos frescos para pagar sueldos. Pero la presión de las bases en las asambleas por gremio pudo más» (Clarín, 5-julio-1995).
Los experimentados bonzos tomaron entonces sus precauciones a la hora de preparar las movilizaciones callejeras demandadas en las asambleas por los trabajadores:
«
La Coordinadora de Gremios Estatales también adoptó sus propias prevenciones. Cada columna sindical será rodeada por un cordón de seguridad para impedir que se sumen personas ajenas» (Clarín, 5-julio-1995).
Por si esto resultaba insuficiente el recorrido inicial previsto se modificó y se incrementaron los refuerzos policiales. Así, y tras recibir la bendición del Sr. Arzobispo, recomendando prudencia y defensa de la paz social, tuvo lugar la temida manifestación. El resultado fue toda una lección de civismo y buenas maneras: había más policías que manifestantes.

El hecho de que la situación explosiva de Córdoba sea muy parecida a la que existe en otras zonas del país, ha llevado al gobierno a elaborar, vía policial, un informe de las zonas en conflicto que «seria actualizado con una periodicidad semanal» [cursiva nuestra] (Clarín, 6 de agosto de 1995). Lo que subyace tras esta predicción de meteorología social es la tremenda preocupación de que los meteoros obreros se precipiten inesperada y violentamente en lugares donde no se hayan tomado las oportunas medidas de prevención-represión.

Que estos paraguas no son todo lo eficaces que la burguesía quisiera lo demuestra él asalto de los empleados municipales al Ayuntamiento de la ciudad norteña de Salta en agosto pasado. Los trabajadores reclamaban entre otras cosas, el pago de sus salarios atrasados. Según la prensa argentina:
«
Los incidentes duraron unos diez minutos. Pero en ese tiempo los manifestantes lograron destrozar vidrios y buena parte de los muebles y bancas ante la asombrada mirada de concejales y policías.
Armados con palos y arrojando piedras, los agresores se ensañaron con los apliques de iluminación que reventaron esparciendo los vidrios sobre la cabeza de los legisladores municipales
» (Clarín, 5-agosto-1995).

Cada vez con más frecuencia, desde la revuelta de Santiago del Estero en diciembre de 1993, la crónica diaria en Argentina no hace sino reflejar el deterioro cotidiano y cada vez más amplio en las condiciones de vida de la clase obrera. Sin dejar de saludar estas contundentes respuestas obreras, que se salen del marco «racional» siempre previsto y deseado por el bloque burgués (patronal, gobierno, iglesia, sindicatos...) no podemos omitir la insuficiencia de este tipo de acciones desesperadas si en un futuro más o menos próximo no surge un movimiento organizado sobre unas bases clasistas que frente al localismo, el aislamiento, la democracia y la defensa de la Nación oponga la solidaridad de clase, la unificación de las luchas obreras, la lucha de clase y el internacionalismo proletario. Tendiendo a convertir esa necesaria pero insuficiente lucha contra los efectos en lucha emancipadora contra la causa, el sistema capitalista, bajo la dirección del programa único e invariable del comunismo revolucionario.

Source: «La Izquierda Comunista», N° 3, Noviembre 1995, pp.1-3

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